Nos comprometemos a sostener la política económica del país sobre los principios de la economía social de mercado, que es de libre mercado pero conlleva el papel insustituible de un Estado responsable, promotor, regulador, transparente y subsidiario, que busca lograr el desarrollo humano y solidario del país mediante un crecimiento económico sostenido con equidad social y empleo.
Con este objetivo, el Estado: (a) garantizará la estabilidad de las instituciones y las reglas de juego;
(b) promoverá la competitividad del país, el planeamiento estratégico concertado y las políticas de desarrollo sectorial en los niveles nacional, regional y local;
(c) estimulará la inversión privada;
(d) fomentará el desarrollo de la infraestructura;
(e) evitará el abuso de posiciones dominantes y prácticas restrictivas de la libre competencia y propiciará la participación de organizaciones de consumidores en todo el territorio;
(f) fomentará la igualdad de oportunidades que tiendan a la adecuada distribución del ingreso; y (g) propiciará el fortalecimiento del aparato productivo nacional a través de la inversión en las capacidades humanas y el capital fijo.
DÉCIMO OCTAVA POLÍTICA DE ESTADO
Búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la actividad económica
Nos comprometemos a incrementar la competitividad del país con el objeto de alcanzar un crecimiento económico sostenido que genere empleos de calidad e integre exitosamente al Perú en la economía global. La mejora en la competitividad de todas las formas empresariales, incluyendo la de la pequeña y micro empresa, corresponde a un esfuerzo de toda la sociedad y en particular de los empresarios, los trabajadores y el Estado, para promover el acceso a una educación de calidad, un clima político y jurídico favorable y estable para la inversión privada así como para la gestión pública y privada. Asimismo, nos comprometemos a promover y lograr la formalización de las actividades y relaciones económicas en todos los niveles.
Con este objetivo el Estado:
(a) consolidará una administración eficiente, promotora, transparente, moderna y descentralizada;
(b) garantizará un marco legal que promueva la formalización y la competitividad de la actividad económica;
(c) procurará una simplificación administrativa eficaz y continua, y eliminará las barreras de acceso y salida al mercado;
(d) proveerá infraestructura adecuada;
(e) promoverá una mayor competencia en los mercados de bienes y servicios, financieros y de capitales;
(f) propiciará una política tributaria que no grave la inversión, el empleo y las exportaciones;
(g) promoverá el valor agregado de bienes y servicios e incrementará las exportaciones, especialmente las no tradicionales;
(h) garantizará el acceso a la información económica;
(i) fomentará la investigación, creación, adaptación y transferencia tecnológica y científica;
(j) facilitará la capacitación de los cuadros gerenciales y de la fuerza laboral; y
(k) construirá una cultura de competitividad y de compromiso empresarial con los objetivos nacionales.
DÉCIMO NOVENA POLÍTICA DE ESTADO
Desarrollo sostenible y gestión ambiental
Nos comprometemos a integrar la política nacional ambiental con las políticas económicas, sociales, culturales y de ordenamiento territorial, para contribuir a superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible del Perú. Nos comprometemos también a institucionalizar la gestión ambiental, pública y privada, para proteger la diversidad biológica, facilitar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, asegurar la protección ambiental y promover centros poblados y ciudades sostenibles; lo cual ayudará a mejorar la calidad de vida, especialmente de la población más vulnerable del país.
Con ese objetivo el Estado:
(a) fortalecerá la institucionalidad de la gestión ambiental optimizando la coordinación entre la sociedad civil, la autoridad ambiental nacional, las sectoriales y los niveles de gestión descentralizada, en el marco de un sistema nacional de gestión ambiental;
(b) promoverá la participación responsable e informada del sector privado y de la sociedad civil en la toma de decisiones ambientales y en la vigilancia de su cumplimiento, y fomentará una mayor conciencia ambiental;
(c) promoverá el ordenamiento territorial, el manejo de cuencas, bosques y zonas marino costeras así como la recuperación de ambientes degradados, considerando la vulnerabilidad del territorio;
(d) impulsará la aplicación de instrumentos de gestión ambiental, privilegiando los de prevención y producción limpias;
(e) incorporará en las cuentas nacionales la valoración de la oferta de los recursos naturales y ambientales, la degradación ambiental y la internalización de los costos ambientales;
(f) estimulará la inversión ambiental y la transferencia de tecnología para la generación de actividades industriales, mineras, de transporte, de saneamiento y de energía más limpias y competitivas, así como del aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, la biotecnología, el biocomercio y el turismo;
(g) promoverá y evaluará permanentemente el uso eficiente, la preservación y conservación del suelo, subsuelo, agua y aire, evitando las externalidades ambientales negativas;
(h) reconocerá y defenderá el conocimiento y la cultura tradicionales indígenas, regulando su protección y registro, el acceso y la distribución de beneficios de los recursos genéticos;
(i) promoverá el ordenamiento urbano, así como el manejo integrado de residuos urbanos e industriales que estimule su reducción, reuso y reciclaje;
(j) fortalecerá la educación y la investigación ambiental;
(k) implementará el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para asegurar la participación ciudadana, la coordinación multisectorial y el cumplimiento de las empresas de los criterios y condiciones de protección ambiental;
(l) regulará la eliminación de la contaminación sonora;
(m) cumplirá los tratados internacionales en materia de gestión ambiental, así como facilitará la participación y el apoyo de la cooperación internacional para recuperar y mantener el equilibrio ecológico; y
(n) desarrollará la Estrategia Nacional de Comercio y Ambiente.
VIGÉSIMO TERCERA POLÍTICA DE ESTADO
Política de desarrollo agrario y rural
Nos comprometemos a impulsar el desarrollo agrario y rural del país, que incluya a la agricultura, ganadería, acuicultura, agroindustria y a la explotación forestal sostenible, para fomentar el desarrollo económico y social del sector. Dentro del rol subsidiario y regulador del Estado señalado en la Constitución, promoveremos la rentabilidad y la expansión del mercado de las actividades agrarias, impulsando su competitividad con vocación exportadora y buscando la mejora social de la población rural.
Con este objetivo el Estado:
(a) apoyará la expansión de la frontera agrícola y el incremento de la producción agraria y acuícola, poniendo especial énfasis en la productividad, la promoción de exportaciones con creciente valor agregado y defendiendo el mercado interno de las importaciones subsidiadas;
(b) desarrollará la infraestructura de riegos, los sistemas de regulación y distribución de agua, mejora de suelos, así como promoverá los servicios de transporte, electrificación, comunicaciones, almacenaje y conservación de productos agrarios;
(c) articulará el desarrollo de ciudades intermedias que, con la mejora de la infraestructura rural, motiven la inversión privada e incentiven la creación de oportunidades de trabajo;
(d) apoyará la modernización del agro y la agroindustria, fomentando la investigación genética, el desarrollo tecnológico y la extensión de conocimientos técnicos;
(e) formulará políticas nacionales y regionales de incentivo a la actividad agrícola, procurando su rentabilidad; y
(f) propiciará un sistema de información agraria eficiente que permita a los agricultores la elección de alternativas económicas adecuadas y la elaboración de planes indicativos nacionales, regionales y locales.
Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado
VIGÉSIMO CUARTA POLÍTICA DE ESTADO
Afirmación de un Estado eficiente y transparente
Nos comprometemos a construir y mantener un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente al servicio de las personas y de sus derechos, y que promueva el desarrollo y buen funcionamiento del mercado y de los servicios públicos. Nos comprometemos también a que el Estado atienda las demandas de la población y asegure su participación en la gestión de políticas públicas y sociales, así como en la regulación de los servicios públicos en los tres niveles de gobierno. Garantizaremos una adecuada representación y defensa de los usuarios de estos servicios, la protección a los consumidores y la autonomía de los organismos reguladores.
Con este objetivo el Estado:
(a) incrementará la cobertura, calidad y celeridad de la atención de trámites así como de la provisión y prestación de los servicios públicos, para lo que establecerá y evaluará periódicamente los estándares básicos de los servicios que el Estado garantiza a la población;
(b) establecerá en la administración pública mecanismos de mejora continua en la asignación, ejecución, calidad y control del gasto fiscal;
(c) dará acceso a la información sobre planes, programas, proyectos, presupuestos, operaciones financieras, adquisiciones y gastos públicos proyectados o ejecutados en cada región, departamento, provincia, distrito o instancia de gobierno;
(d) pondrá en uso instrumentos de fiscalización ciudadana que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas en todas las instancias de gobierno;
(e) erradicará la utilización proselitista del Estado y la formación de clientelas;
(f) mejorará la capacidad de gestión del Estado mediante la reforma integral de la administración pública en todos sus niveles;
(g) reducirá los costos de acceso a los bienes y servicios públicos; y
(h) revalorará y fortalecerá la carrera pública promoviendo el ingreso y la permanencia de los servidores que demuestren alta competencia y solvencia moral.
VIGÉSIMO QUINTA POLÍTICA DE ESTADO
Cautela de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y su servicio a la democracia
Nos comprometemos a optimizar el servicio que prestan las Fuerzas Armadas para el mantenimiento de la paz y la integridad territorial, dentro del irrestricto respeto a los preceptos constitucionales, al ordenamiento legal y a los derechos humanos.
Con este objetivo el Estado:
(a) afirmará la institucionalidad, profesionalidad y neutralidad de las Fuerzas Armadas;
(b) garantizará el control democrático de las Fuerzas Armadas;
(c) reafirmará su carácter no deliberante a través de una adecuada relación civil-militar;
(d) promoverá unas Fuerzas Armadas modernas, flexibles, eficientes, eficaces y de accionar conjunto regidas por valores éticos y morales propios de la democracia;
(e) promoverá su participación en la defensa regional, la seguridad hemisférica y en las misiones de paz en el marco de la Organización de las Naciones Unidas;
(f) proveerá los elementos materiales necesarios para el cumplimiento de su misión constitucional y el papel asignado por el Estado;
(g) garantizará la aplicación de los mecanismos previstos en el ordenamiento legal que establecen la transparencia y control en la adquisición y venta de bienes y servicios; y
(h) otorgará a los miembros de las Fuerzas Armadas el derecho al sufragio.
VIGÉSIMO SEXTA POLÍTICA DE ESTADO
Promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas
Nos comprometemos a afirmar, en la sociedad y el Estado, principios éticos y valores sociales que promuevan la vigilancia ciudadana y que produzcan niveles crecientes de paz, transparencia, confianza y efectiva solidaridad.
Con este objetivo el Estado:
(a) enfatizará los principios éticos que refuercen el cumplimiento ciudadano de las normas;
(b) velará por el desempeño responsable y transparente de la función pública, promoverá la vigilancia ciudadana de su gestión y el fortalecimiento y la independencia del Sistema Nacional de Control;
(c) desterrará la impunidad, el abuso de poder, la corrupción y el atropello de los derechos;
(d) desarrollará una cultura de paz, de valores democráticos y de transparencia, que acoja los reclamos genuinos y pacíficos de los distintos sectores de la sociedad;
(e) promoverá una cultura de respeto a la ley, de solidaridad y de anticorrupción, que elimine las prácticas violatorias del orden jurídico, incluyendo el tráfico de influencias, el nepotismo, el narcotráfico, el contrabando, la evasión tributaria y el lavado de dinero; y
(f) regulará la función pública para evitar su ejercicio en función de intereses particulares.
VIGÉSIMO SÉTIMA POLÍTICA DE ESTADO
Erradicación de la producción, el tráfico y el consumo ilegal de drogas
Nos comprometemos a adoptar una política integral contra las drogas que, sobre la base de principios éticos y valores sociales, esté compuesta por elementos educacionales, económicos, comerciales, punitivos, de salud pública y de control. Nos comprometemos también a generar y apoyar programas eficientes de cultivo alternativo de productos rentables y los que estén destinados al uso benéfico de la hoja de coca, sistemas de interdicción para eliminar el tráfico ilegal de drogas y campañas destinadas a erradicar su consumo. Atenderemos además la situación y las necesidades de las poblaciones más afectadas por el narcotráfico y la salud de las personas afectadas por su consumo.
Con este objetivo el Estado:
(a) promoverá principios éticos y estilos de vida que motiven en la sociedad el rechazo a la producción, el tráfico y el consumo ilegal de drogas, así como a las actividades ilícitas conexas, a través de la mejora de los contenidos educativos y de una activa participación de la familia;
(b) luchará frontal y legalmente contra el narcotráfico y sus organizaciones;
(c) promoverá sistemas de prevención del consumo de drogas y de rehabilitación de los fármaco-dependientes;
(d) promoverá el desarrollo alternativo integral, a fin de sustituir la economía basada en el cultivo de la coca para la producción de drogas por una economía lícita, rentable y sostenible, procurando el acceso a los mercados y el desarrollo de infraestructura vial;
(e) respetará los compromisos internacionales sobre la materia asumidos por el país y consolidará la aceptación del principio de responsabilidad compartida entre países "productores" y "consumidores";
(f) fomentará el cuidado y la recuperación del medio ambiente afectado por la informalidad de la actividad agrícola dedicada a la producción de insumos para la elaboración ilícita de drogas;
(g) combatirá toda relación existente entre el tráfico ilícito de drogas y la corrupción de funcionarios o ex funcionarios del Estado;
(h) promoverá el ecoturismo con la utilización de mano de obra de las zonas afectadas; y
(j) penalizará el consumo de drogas ilegales.
VIGÉSIMO OCTAVA POLÍTICA DE ESTADO
Plena vigencia de la Constitución y de los derechos humanos y acceso a la justicia e independencia judicial
Nos comprometemos a garantizar el acceso universal a la justicia, la promoción de la justicia de paz y la autonomía, independencia y el presupuesto del Poder Judicial así como regular la complementariedad entre éste y la justicia comunal. Asimismo, nos comprometemos a adoptar políticas que garanticen el goce y la vigencia de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre la materia.
Con este objetivo el Estado:
(a) promoverá la institucionalización de un Sistema de Administración de Justicia, respetando la independencia, la autonomía y el presupuesto del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal Constitucional, dentro de un proceso de modernización y descentralización del Estado al servicio del ciudadano;
(b) promoverá la designación transparente de las autoridades judiciales, así como su valorización y permanente capacitación;
(c) promoverá entre la justicia comunal y el Poder Judicial una relación que respete la interculturalidad y regulará las competencias, atribuciones y limitaciones de aquélla;
(d) consolidará la regulación de la justicia de paz y la elección popular de los jueces de paz;
(e) difundirá la conciliación, la mediación, el arbitraje y en general los mecanismos alternativos de resolución de conflictos;
(f) adoptará medidas legales y administrativas para garantizar la vigencia y difusión de la Constitución, afianzará el respeto irrestricto de los derechos humanos y asegurará la sanción a los responsables de su violación;
(g) establecerá mecanismos de vigilancia al correcto funcionamiento de la administración de justicia, al respeto de los derechos humanos, así como para la erradicación de la corrupción judicial en coordinación con la sociedad civil;
(h) garantizará la cobertura nacional y el mejor funcionamiento de la Defensoría del Pueblo; e
(i) fortalecerá las instancias de control interno de los órganos jurisdiccionales.
VIGÉSIMO NOVENA POLÍTICA DE ESTADO
Acceso a la información, libertad de expresión y libertad de prensa
Nos comprometemos a garantizar el derecho de los ciudadanos a solicitar y recibir información, la obligación de brindarla por parte del Estado, y la transparencia y difusión de los actos de gobierno. Nos comprometemos también a resguardar la libertad de expresión y erradicar toda práctica que la limite, así como a asegurar el derecho ciudadano a una información veraz, objetiva y de calidad. Del mismo modo, nos comprometemos a promover el ejercicio pleno y responsable de la más amplia libertad de prensa, permitir la libre creación de todo tipo de medios de comunicación y la difusión libre de ideas e información.
Con el objetivo de garantizar el acceso a la información y la libertad de expresión, el Estado:
(a) promoverá una cultura de transparencia, de rendición de cuentas y de difusión de los actos de gobierno, eliminando la cultura del secreto;
(b) eliminará las normas penales que amenazan el pleno ejercicio de la libertad de expresión y las ilegales restricciones de la misma, así como penalizará su manipulación;
(c) establecerá un sistema transparente y justo de asignación de la publicidad estatal;
(d) erradicará las trabas administrativas, reducirá los costos de acceso y promoverá el uso de medios electrónicos para facilitar el libre, oportuno y completo acceso a la información estatal;
(e) procurará el equilibrio entre el derecho a la protección de la intimidad personal y la seguridad nacional, con el derecho al libre acceso de la información del Estado y a la libertad de expresión; (f) unificará la legislación sobre el acceso a la información del Estado y la publicidad de los actos de la administración pública;
(g) garantizará a los partidos políticos que compitan en cada contienda electoral el acceso, en condiciones de igualdad, a los medios masivos que usan el espectro electromagnético, así como a franjas electorales. Con el objetivo de garantizar la libertad de prensa el Estado:
(h) evitará todo tipo de censura;
(i) favorecerá la autorregulación ética de los medios de comunicación y la organización ciudadana para defender los derechos de la población al libre acceso a la información;
(j) propondrá la existencia de cláusulas de conciencia que garanticen la libertad de los periodistas a una opinión independiente, así como códigos de ética en las empresas de comunicación; y
(k) tendrá una política contraria a todo tipo de información que lesione la dignidad y el honor de las personas.
TRIGÉSIMA POLÍTICA DE ESTADO
"Eliminación del Terrorismo y afirmación de la Reconciliación Nacional"
Nos comprometemos a eliminar el terrorismo con una estrategia integral para su erradicación, observando la plena vigencia de los derechos humanos y el debido proceso, al mismo tiempo, continuar con la reconciliación nacional bajo el convencimiento que sólo en un clima de paz y concordia el Perú derrotará la pobreza y alcanzará el bienestar.
Con ese objetivo el Estado:
a) desarrollará acciones dirigidas a erradicar el terrorismo, sancionar severamente a los integrantes de las organizaciones terroristas y enfrentar eventuales nuevas formas de este flagelo, especialmente en su relación con el narcotráfico;
b) mantendrá una legislación antiterrorista compatible con el derecho internacional y los tratados suscritos por el Perú en materia de Derechos Humanos;
c) fomentará la educación democrática, la cultura de paz, la convivencia civilizada y la participación ciudadana en la defensa del Estado de Derecho y la prevención contra actividades terroristas;
d) propenderá a la atención integral de las secuelas de la violencia y la reparación a las víctimas; e) desarrollará programas integrales de apoyo al repoblamiento y/o reconstrucción de las zonas afectadas por la violencia terrorista; y
f) promoverá acciones encaminadas a la eliminación de los factores estructurales de la violencia.
TRIGÉSIMO PRIMERA POLÍTICA DE ESTADO
Sostenibilidad fiscal y reducción del peso de la deuda
(APROBADA EN LA CUADRAGÉSIMO SEXTA SESIÓN DEL FORO DEL ACUERDO NACIONAL , VIERNES 19 DE NOVIEMBRE DE 2004)
Nos comprometemos a asegurar las condiciones que permitan contar con un presupuesto sostenible y acorde a las prioridades nacionales, así como a llevar la Deuda Pública externa e interna a niveles sostenibles y compatibles tanto con la recuperación de la inversión pública como con la mejora en la clasificación del riesgo país.
Con este objetivo el Estado:
(a) Asegurará la sostenibilidad fiscal;
(b) Producirá una reforma tributaría con un enfoque progresivo, teniendo como base el desarrollo económico y la formalización, y que garantice el pleno respeto de los derechos constitucionales de los contribuyentes;
(c) Asegurará la calidad del gasto público social;
(d) Reperfilará el servicio de la deuda pública en forma prudente y transparente;
(e) Comprometerá a los acreedores en el cofinanciamiento del desarrollo en el marco de las políticas del Acuerdo Nacional; y
(f) Asegurará la transparencia en los nuevos contratos y la rendición de cuentas del endeudamiento pasado, presente y futuro.